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Las noticias políticas del día 10Ene en Venezuela


La Sala Político Administrativa del TSJ no le permitió a la defensa de Machado acceder al expediente enviado por CGR y conocer el trámite ejecutado. Foto: @TSJ

Un resumen de las informaciones más importantes del día 10 enero de 2024 en todo lo relacionado al ámbito político venezolano.


TSJ impide que defensa de María Corina Machado acceda al expediente de la Contraloría


El abogado de la defensa de María Corina Machado Perkins Rocha, reportó el martes 9 de enero que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no dio acceso al expediente que la Contraloría General de la República remitió a la instancia judicial vinculado con la sanción de inhabilitación contra la ganadora de la elección Primaria.


En un hilo en su cuenta de "X", Rocha detalló que la Sala Político Administrativa no le permitió a la defensa de Machado acceder al expediente y conocer el trámite ejecutado, así como tampoco saber «de primera fuente del supuesto cumplimiento que del requerimiento de la Sala Político Administrativa hizo la Contraloría General de la República», para consignar los antecedentes del caso de Machado.


"Al no permitir el acceso al expediente, con el justificativo de que lo ‘está trabajando el magistrado ponente y presidente de la Sala Político Administrativa, Melquías Gil’, hecho por primera vez en fecha 19 de diciembre y por segunda vez en el día de hoy, la Sala Político Administrativa coloca en una peligrosa situación de indefensión a María Corina Machado, impidiéndole tener conocimiento del trámite judicial llevado a cabo", agregó Rocha.


Ante tales acontecimientos, Rocha finaliza su hilo, no sin antes manifestar que seguirán insistiendo de acuerdo a los derechos constitucionales que otorga la Constitución.

AN llevará a consulta pública el proyecto de Ley que pretende regular funcionamiento de las ONG


La Asamblea Nacional anunció el martes 9 de enero de 2024, que a partir del próximo viernes, llevará a consulta pública el proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG, cuya creación fue aprobada por la Cámara en primera discusión en enero de 2023.


Al término de la sesión parlamentaria del martes, la primera de 2024, el presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, informó que desde el viernes se llevará a cabo el proceso de consulta de este instrumento legal y les ordenó a los diputados sumarse.


El parlamentario recordó que, de acuerdo con la legislación, "es deber de la Asamblea Nacional consultar con todo el pueblo de Venezuela y las organizaciones que están involucradas en los alcances de esa ley y los elementos necesarios, a los efectos de dar una fructífera segunda discusión".


El proyecto inicial de esta ley que fiscaliza las ONG, compartido por algunos legisladores el año pasado, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones. Con información de ElNacional


Ex Diputados venezolanos denunciados por un bufete español


De acuerdo a una información reseñada por TalCualdigital, un bufete español denuncia ante la Oficina Europea de Policía (Europol) a los diputados José Brito, Adolfo Superlano, Conrado Pérez, Chaim Bucarán, Luis Parra, José Luis Pirela y Richard Arteaga por el impago de honorarios profesionales, falsificación de documentos y el desfalco de al menos 1.100 millones de euros.


En 2019, un grupo de entonces diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN-2015) contrataron un bufete de abogados en España con el propósito de gestionar acciones judiciales en el plano internacional para buscar indulgencias en beneficio del empresario Carlos Lizcano, quien operaba empresas en Venezuela en nombre de Alex Saab y Álvaro Pulido.

En la denuncia —cuyos fragmentos fueron publicados por el periodista Roberto Deniz— el bufete explica que sus servicios fueron contratados por los exparlamentarios con la finalidad de gestionar actuaciones en el plano internacional para solicitar el levantamiento de sanciones administrativas a las empresas de Lizcano, bajo el argumento de que no tenían relación con Saab, que ya en aquel entonces era acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro.


"Fuimos contratados bajo el concepto de que el objetivo básico de los servicios era demostrar la legitimidad de las empresas y permitir el reinicio de actividades mercantiles de cada una de ellas", resalta el texto.


Sin embargo, según el bufete, había intenciones subyacentes de legitimar capitales intentando ingresar millones de euros al sistema bancario europeo en perjuicio de Venezuela, pues el Estado era el dueño legítimo de esos fondos.


"Las empresas, los diputados relacionados, las personas presentes, los asesores que viajaron con ellos y los empresarios intentaron utilizar a nuestros abogados para que, bajo engaños, librasen las cuentas bancarias y legitimasen, no solo las empresas, sino también los contratos que celebraron", reza el documento.


En este sentido, los abogados afirman que el objetivo del grupo de exparlamentarios nunca fue recuperar el acceso y disposición de los fondos retenidos en cuentas bloqueadas en el exterior para reiniciar el programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sino para la apropiación de esos fondos.


"Engañaron a las autoridades, a nuestro escritorio jurídico y a la prensa con la que se comunicaban con frecuencia", acotan.

En consecuencia de todo el entramado que intentó poner en marcha el grupo de exdiputados, se acabó violando la relación profesional ente las partes.

Los €1.100 millones desfalcados habrían sido introducidos a bancos fuera de Venezuela, la mayoría en distintos bancos de Europa.


Luego que se conocieron estos hechos a través de publicaciones en portales de noticias, los diputados fueron expulsados tanto de la Asamblea Nacional como de sus respectivos partidos; y estos se posicionaron contra el gobierno interino dirigido por Juan Guaidó, formando un grupo de opositores disidentes al gobierno interino.

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