Las noticias políticas del 20Ago en Venezuela

Dinorah Figuera presidenta de la Asamblea Nacional 2015 afirma que en Septiembre se discutirán el tema relacionado con derechos civiles y políticos. Foto: "X"

Una mirada minuciosa a los acontecimientos políticos de importancia nacional.

Dinorah Figuera: En septiembre se discutirán garantías políticas y civiles

La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, ofreció este miércoles 19 de agosto de 2026 declaraciones en las que anticipó los próximos pasos del proceso de diálogo que mantiene con representantes del gobierno interino.

En una entrevista difundida a través de redes sociales, la dirigente opositora confirmó que a partir de septiembre la mesa de negociación se centrará en el tema de las garantías políticas y civiles, un asunto que considera de gran relevancia para el futuro democrático del país.

“En septiembre vamos a estar con las garantías políticas y civiles. Por supuesto tenemos mucho que discutir”, afirmó Figuera.

Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 en estas conversaciones, explicó que este punto forma parte de una agenda más amplia orientada a la reinstitucionalización del Estado venezolano. Según detalló, existen cuatro ejes fundamentales que deben abordarse para avanzar hacia un proceso democrático: la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, las garantías políticas y civiles y la libertad de expresión.

Sigue la hoja de ruta

Figuera sostuvo que estos temas “nos llevarán a nosotros a cumplir esa hoja de ruta que se ha consolidado con lo que es sentarse, dirimir trabajar y discutir sobre la posibilidad de concretar, pues, expresamente, que estas instituciones del Estado le sirvan a todos los venezolanos y que podamos de futuro transitar un proceso democrático en el país”.

En ese sentido, subrayó que las conversaciones no solo buscan acuerdos formales, sino generar condiciones reales para que las instituciones recuperen credibilidad y puedan servir de manera imparcial a la ciudadanía.

En sus declaraciones también se refirió a las inhabilitaciones políticas como uno de los asuntos que serán tratados con prioridad a partir de septiembre. La dirigente consideró que este es un punto central para restablecer el ejercicio pleno de los derechos políticos, permitiendo que ciudadanos y organizaciones puedan participar sin restricciones arbitrarias en los procesos electorales y en la vida pública.

El objetivo, según explicó, es avanzar hacia un escenario en el que las reglas sean claras, transparentes y aplicables a todos por igual.

El anuncio de Figuera se enmarca en el proceso de diálogo que se inició formalmente en agosto de 2026, luego de una serie de contactos previos entre la representación de la Asamblea Nacional de 2015 y el oficialismo, liderado por el presidente de la actual Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Este mecanismo cuenta con el acompañamiento de Estados Unidos y busca definir una hoja de ruta que incluya reformas institucionales, el fortalecimiento del sistema electoral y la restitución de derechos civiles y políticos. Figuera ha insistido en que el trabajo conjunto podría extenderse hasta diciembre de este año, momento en el que se espera presentar los resultados de las discusiones técnicas y políticas. Con información de efectococuyo.com

Nuevo vuelo con deportados desde EEUU llegó a Venezuela: 191 fueron recibidos en Barcelona

La “Gran Misión Vuelta a la Patria” informó este miércoles 19 de agosto sobre la llegada a Venezuela de un nuevo grupo de deportados desde Estados Unidos. Se trata del vuelo número 167 de este programa, que trasladó a 191 venezolanos hasta Barcelona, estado Anzoátegui.

De acuerdo con la información difundida por la misión gubernamental, los connacionales fueron recibidos en el aeropuerto bajo el protocolo de atención establecido por las autoridades y posteriormente trasladados hasta sus respectivos hogares.

“Llegaron 191 venezolanos más y los atendemos como siempre con todo el mejor protocolo profesional de protección integral hasta llevarlos a sus casas”, señaló el programa en sus redes sociales.

La llegada de este nuevo vuelo ocurre mientras todavía persisten interrogantes sobre el destino de los pasajeros del vuelo 164, quienes, según los antecedentes referidos sobre el caso, fallecieron tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio, poco después de su llegada al aeropuerto internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira.

Según la información disponible sobre ese episodio, los pasajeros del vuelo 164 fueron trasladados bajo custodia de funcionarios del régimen chavista hasta un hotel, en lugar de ser enviados directamente a sus hogares para reencontrarse con sus familiares. El inmueble colapsó posteriormente durante los fuertes movimientos telúricos y se convirtió en uno de los escenarios de la tragedia.

El caso ha generado cuestionamientos sobre las decisiones adoptadas por las autoridades del régimen tras el aterrizaje de los deportados, particularmente respecto al traslado y alojamiento de los pasajeros durante las horas posteriores a su llegada a Venezuela.

Mientras las autoridades aseguran que los 191 pasajeros del vuelo 167 recibieron asistencia y fueron trasladados hasta sus hogares, el episodio del vuelo 164 continúa sin un esclarecimiento público completo sobre las circunstancias que rodearon el traslado de los deportados y su permanencia en el inmueble que terminó colapsando.

La nueva operación se produce, además, en medio de la continuidad de las deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos y de una emergencia nacional todavía marcada por las consecuencias de los terremotos del 24 de junio, que dejaron miles de víctimas y graves daños en distintas regiones del país. Con información de monitoreamos.com

Óscar Murillo: "Las excarcelaciones se dan como una gracia y no como reparación"

Las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela continúan presentándose como una concesión del Estado y no como una reparación frente a detenciones injustas y violaciones de derechos humanos, afirmó Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

"Las excarcelaciones se dan desde una actitud y desde una posición en la que es el Estado el que está otorgando una especie de gracia, o sea, un regalo y no una reparación", dijo Murillo durante una entrevista con Víctor Amaya en el programa Noche D, de TalCual.

El defensor de derechos humanos sostuvo que esto ocurre porque las autoridades venezolanas no han asumido responsabilidad por las violaciones denunciadas durante los últimos años. "Desde el primer momento no ha habido ningún gesto, ninguna disposición clara por parte de los representantes del Estado venezolano en asumir las violaciones de derechos humanos como parte de su responsabilidad. Eso no ha ocurrido", señaló.

Murillo vinculó ese comportamiento con la manera en que se han producido las distintas jornadas de excarcelaciones anunciadas desde comienzos de 2026. Según explicó, en cada uno de esos procesos se repite el mismo problema: las autoridades informan una determinada cantidad de personas excarceladas, pero las organizaciones independientes de derechos humanos y los familiares no consiguen verificar posteriormente esa cifra. "Hay una cifra y luego las organizaciones independientes de derechos humanos, junto con la familia, no pueden verificar esta cifra", afirmó.

El viernes 14 de agosto se anunció oficialmente la excarcelación de 131 personas. Para el lunes siguiente, las organizaciones de derechos humanos citadas durante Noche D todavía reportaban cantidades inferiores de casos comprobados. Murillo aseguró que Provea ha pedido en distintas oportunidades al Ministerio de Servicio Penitenciario, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público que suministren información que permita verificar estos procesos.

Para el coordinador de Provea, esa ausencia de datos no constituye un problema aislado. "Eso de nuevo se evidencia en el caso de las excarcelaciones", señaló al describir una administración pública caracterizada, según su evaluación, por la falta de rendición de cuentas y de transparencia.

Las víctimas recuperan la voz

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la aparición pública de testimonios de personas que, tras ser excarceladas, han comenzado a denunciar torturas, malos tratos y las condiciones en las que permanecieron detenidas. Murillo señaló que esas voces permiten documentar directamente hechos que durante años fueron denunciados por familiares, ONG y organismos internacionales.

"Las víctimas están retomando el espacio que como víctimas precisamente pueden ir tejiendo la memoria y el historial de abusos y violaciones de derechos humanos", explicó.

El programa presentó antes de la entrevista el testimonio de Jesús García, extrabajador de Pdvsa, quien denunció haber sido torturado, recibir alimentación insuficiente y sufrir malos tratos mientras estuvo recluido. Para Murillo, testimonios como ese permiten confrontar lo que describió como una narrativa de negación de las violaciones de derechos humanos. "Aquí no hubo invento, aquí no hubo fantasía", afirmó.

Sostuvo que la documentación de esos casos debe servir no solamente para exigir responsabilidades, sino también para establecer garantías que eviten la repetición de los hechos. Murillo recordó que Provea calificó en su informe de 2024 el período anterior como una "década oscura para los derechos humanos" y señaló que los nuevos testimonios permitirán ampliar la memoria sobre lo ocurrido.

14 organizaciones civiles piden renovar la directiva del CNE en un plazo de dos meses

Catorce organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos instaron a concretar la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los próximos meses, señalando octubre como un plazo técnica y legalmente viable. Esta exigencia, enmarcada en las mesas de diálogo político facilitadas por Estados Unidos, busca frenar la "excepcionalidad institucional" y reconstruir la confianza ciudadana en Venezuela mediante acciones concretas.

De esta manera, el bloque civil sostiene que no existen motivos transparentes, técnicos ni legales para retrasar los nombramientos hasta fin de año. Argumentan que los procesos establecidos en la legislación vigente permiten renovar estas autoridades en apenas dos meses.

Frente a años de promesas incumplidas y frustraciones acumuladas, exigen que la negociación produzca acuerdos tempranos y creíbles que trasciendan las meras declaraciones de voluntad política.

En este sentido, advierten que aplazar los cambios institucionales agravará la incertidumbre en el país. Por el contrario, renovar el CNE y el TSJ mediante mecanismos transparentes y con perfiles idóneos serviría como catalizador de confianza tanto para el electorado interno como para la comunidad internacional.

El objetivo de la transición no debe limitarse a organizar una votación, sino a establecer un entorno donde los venezolanos puedan participar, competir, informarse, organizarse y ejercer sus derechos sin miedo a represalias.

El documento enfatiza que la exigencia de un cambio institucional es una demanda ciudadana urgente y legítima, no una postura maximalista. Las organizaciones afirman que el compromiso de la sociedad debe mantenerse activo hasta materializar la voluntad de cambio expresada el 28 de julio de 2024. Para lograrlo, consideran indispensable que las futuras elecciones nacionales, presidenciales y parlamentarias cumplan con los estándares de ser procesos libres, competitivos y verificables, sirviendo como vía pacífica para resolver la disputa por el poder.

Dentro de este pronunciamiento se encuentran sectores representativos del activismo civil y la defensa de derechos humanos en el país. Entre los suscriptores destacan el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Transparencia Venezuela, Voto Joven, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Civiles. La coalición la completan Caipi, Cecavid, Ideas por la Democracia, Laboratorio de Paz, Movimientos Unidos por el Agua y los DD HH, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, la Red Electoral Ciudadana y Unión Afirmativa. Con información de el impulso.com

Aeropuerto de Maiquetía reanudará vuelos comerciales este 24 de agosto

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira, reanudará sus operaciones comerciales el próximo 24 de agosto, luego de culminar la fase de pruebas piloto para verificar las condiciones de funcionamiento de sus instalaciones.

La terminal dispondrá de áreas temporales reforzadas para atender a los pasajeros durante esta etapa. La infraestructura cuenta con cuatro espacios independientes, con capacidad para recibir a más de 1.260 usuarios de manera simultánea.

Las zonas estarán distribuidas entre pasajeros de salida y llegada, tanto para vuelos nacionales como internacionales, con el objetivo de facilitar el tránsito y mantener separados los distintos flujos de pasajeros.

Entre las obras realizadas se encuentra el reacondicionamiento de la Pista 10 Derecha, además de la instalación de rampas de accesibilidad, áreas destinadas a acompañantes y servicios básicos activos.

La reapertura permitirá restablecer progresivamente las operaciones comerciales del principal aeropuerto de Venezuela, bajo un esquema de atención temporal mientras continúan las adecuaciones de la infraestructura aeroportuaria. Con información de las redes sociales

Al menos 603 niños, niñas y adolescentes murieron en los terremotos del 24J

Una investigación periodística está reuniendo y verificando un registro amplio de niños, niñas y adolescentes afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. La otra réplica: vacíos y certezas sobre la infancia y adolescencia después del terremoto en Venezuela, un trabajo de La Vida de Nos y Monitor de Víctimas, consolidó, hasta este 19 de agosto, 2.318 registros únicos, de los cuales 603 fueron verificados como menores de edad fallecidos. Equivalen al 9,4 % de los 6.438 fallecidos que aparecen en el último reporte oficial: 603 niños y adolescentes, vidas con nombre y apellido, ocultas en esa cifra que no distingue edades ni mucho menos identifica a quienes están detrás de cada número.

La cifra de fallecidos no incluye a otro grupo de niños y adolescentes con una categoría no analizada en esta investigación: aquellos cuyos cuerpos fueron recuperados y llevados a la morgue de Los Silos, pero no fueron reclamados por familiar alguno. “Son 40 cuerpos que fueron inhumados este miércoles 19 de agosto”, aseguró una empleada de esta morgue improvisada. Los cadáveres permanecían en la única cámara frigorífica operativa en el lugar.

“Los jefes ordenaron que la cava fuera solo para los niños, para que se conservaran y los familiares los pudieran identificar”, continuó. Las urnas de los niños fueron llevadas en carrozas, decoradas con globos, al cementerio La Esperanza, en La Guaira.

En el procedimiento participaron funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del Ministerio Público, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y empleados de una funeraria de Caracas. Sus historias quedarán sin conocerse. A falta de identificación, de cada uno quedó apenas un código.

Los datos del especial periodístico, dispersos entre plataformas ciudadanas, registros oficiales, testimonios familiares y reportes periodísticos, permiten aproximarse a una dimensión de la tragedia que las cifras oficiales no reflejan. Y no es un registro cerrado: el trabajo permanece abierto a nuevas verificaciones, correcciones y hallazgos. Asimismo, el especial interactivo ofrece una herramienta de búsqueda que sirve de fuente documental a familias, periodistas e investigadores que necesiten identificar a niños, niñas y adolescentes fallecidos en los terremotos. En una siguiente etapa se incorporarán niños localizados y los que continúan desaparecidos.

La investigación comenzó con 5.866 registros. Una revisión manual, nombre por nombre, permitió descartar 3.548 duplicados y adultos que habían sido incorporados de manera incorrecta en las plataformas consultadas. El resultado fue una base de datos consolidada de 2.318 menores de edad afectados, cuyos registros están en proceso de verificación.

Hasta el 19 de agosto se verificaron 801 registros, lo que permitió confirmar que 603 corresponden a menores fallecidos. Cada uno de estos 603 casos se contrastó con al menos dos tipos de fuentes independientes. Además, hay 21 casos en los que las familias tienen casi la certeza de que sus seres queridos permanecen entre los cuerpos aún no recuperados. Si estos casos se incorporaran al total, la cifra llegaría a 624 menores fallecidos, 1 de cada 4 de los registros de la muestra consolidada.

Para llegar a estos datos, los equipos de La Vida de Nos y Monitor de Víctimas cruzaron información de 11 plataformas ciudadanas de búsqueda, dos plataformas oficiales de personas atendidas en hospitales, reportería de campo, entrevistas telefónicas a decenas de familiares y procesos de verificación digital en fuentes consideradas confiables.

Entre los fallecidos cuya edad pudo confirmarse, los casos se concentran especialmente entre los 9 y los 19 años. La víctima más pequeña identificada tenía apenas 7 días de nacida. 

La dimensión familiar de la tragedia también sale a la luz: 266 de los 603 menores fallecidos no murieron solos, sino junto a un hermano, un primo u otros integrantes de su familia.

La investigación identificó 120 grupos familiares afectados. Entre los casos documentados está el de Marianita Hernández, quien perdió a 7 de sus 13 nietos y a 2 de sus 7 hijos.

Los testimonios recopilados revelan además las dificultades que han enfrentado las familias. De los 125 familiares que hablaron expresamente sobre la respuesta estatal, 120 describieron la ayuda como nula, tardía o negligente. En numerosos casos, fueron los propios vecinos quienes participaron en la recuperación de los cuerpos entre los escombros. 

Una búsqueda permanente

Ante la imposibilidad de publicar una lista completa de menores fallecidos por razones de protección de identidad, “La otra réplica” incorpora un buscador que permite consultar los registros por nombre o apellido. La herramienta convierte la investigación en un punto de referencia para quienes quieran comprobar si su familiar menor de edad está en la base de datos. Y ofrece un correo electrónico (laotrareplica@gmail.com) para quienes deseen contribuir con este esfuerzo de documentación, aportando información sobre niños y adolescentes afectados por los terremotos en Venezuela.

El valor de los datos está precisamente en ese proceso de comprobación. En una tragedia marcada por información fragmentada y el vacío oficial, el especial establece una ruta de búsqueda basada en el cruce de fuentes y en la verificación caso por caso. Con información de efectococuyo.com