Las noticias políticas del 21Ago en Venezuela

Habrá un comité de postulaciones con mayoría de la sociedad civil, una comisión verificadora y finalmente se establecerá un baremo para los aspirantes a magistrados. Foto: TSJ

Una mirada a las informaciones del día en el plano político venezolano.

Elección de nuevos magistrados del TSJ

La escogencia de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un proceso que comenzará desde cero tras el acuerdo alcanzando en el primer ciclo de conversaciones de la mesa de diálogo de la Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo, tendrá algunos mecanismos diferentes a los usados por quienes administran el poder en Venezuela en los últimos 27 años.

Normalmente, la selección la decide un comité de postulaciones judiciales que integran 11 diputados y 10 miembros de la sociedad civil, aunque la mayoría de parlamentarios inclinan la balanza al partido que ejerce la mayoría en el Parlamento venezolano. En cada una de las escogencias de las últimas dos décadas, el chavismo ha usado esa superioridad numérica para designar magistrados que han salido de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) o han desempeñado cargos en la administración pública en representación de esa corriente política.

La Ley Orgánica del TSJ establece que ese grupo tiene primero un comité preliminar; es el que conforman los 11 parlamentarios, quienes deciden por mayoría simple los nombres de los representantes de la sociedad civil. Es decir, con mayoría de un solo partido político, la escogencia de esos miembros de la sociedad también favorecen al partido en el poder.

Pero, con el acuerdo anunciado el pasado 12 de agosto al término de las primeras conversaciones de la mesa de diálogo, se anunció que se reformará esa ley, otras del sistema de justicia y se activarán controles adicionales para garantizar que haya magistrados independientes.

Un comité de postulaciones con mayoría civil

Un primer paso es lograr un comité de postulaciones con mayoría de la sociedad civil; los delegados de la AN de 2015 han declarado en diversos medios que habrá 23 miembros; 13 de la sociedad civil y 10 diputados. "Ahora tendrá una mayoría de sociedad civil que conjuntamente con ellos van a revisar las credenciales de todos los postulados. Esto para generar confianza en el país, y que los mejores profesionales puedan optar para ser magistrados", dijo Ramón López al medio Caraota Digital.

Otro exdiputado opositor en esa mesa, Juan Miguel Matheus, explicó en entrevista a Tal Cual que un nuevo TSJ va primero por la importancia que tiene, incluso por encima del Consejo Nacional Electoral (CNE). Recordó lo sucedido con las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 cuando el CNE proclamó a Maduro y después la Sala Electoral del TSJ avaló esos resultados sin presentar las pruebas de esa supuesta victoria.

Matheus reiteró las declaraciones de López: habrá "un nuevo procedimiento de postulaciones" en el que "quien quiera postularse puede repostularse". Esto cuando le preguntaron si se permitiría que nombres como el de la ex vicefiscal Katherine Harrington y la rectora del actual CNE, Acmé Nogal, se podrían postular, tal como lo hicieron en el proceso que rigió la AN de 2025 desde finales de abril y hasta mediados de junio pasado.

Consejo de "personas honorables"

Más allá del comité de postulaciones, también se contará con otros dos filtros. El primero una comisión especial de 7 miembros, que revisará la selección del comité para que no existan dudas o se cuelen nombres que no cumplan con los requisitos.

Además, se implementará el baremo; es decir los criterios de selección a aplicarse. La Constitución vigente de 1999 dice en su artículo 263 cuáles son los requisitos para ser magistrado del TSJ:

"Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones".

Ese mismo artículo también señala que la ciudadanía puede presentar objeciones al Comité de Postulaciones Judiciales o la Asamblea Nacional en el proceso de escogencia.

Matheus definió a esa comisión evaluadora con el nombre "Consejo de Verificación de Credenciales y de Cumplimiento de Requisitos Constitucionales", que aseguró conformarán "personas honorables" encargadas de revisar si los aspirantes a magistrados cumplen los requisitos constitucionales.

Además, a aclaró que su conformación, que incluye el baremo de evaluación, lo decidirán las mesas técnicas de la mesa de diálogo que siguen su labor, pese a que las delegaciones no volverán a reunirse hasta septiembre.

Qué discutirá la mesa de diálogo en septiembre

La mesa de diálogo ha sido cuestionada por no avanzar en la renovación del CNE o la fijación de un calendario electoral. La presidenta de la AN de 2015, Dinorah Figuera, informó que el segundo ciclo de conversaciones, en una fecha de septiembre aún no determinada, tratará el segundo punto de la agenda: derechos y garantías políticas.

Esto se traduciría en temas como las inhabilitaciones políticas, la devolución de las tarjetas de los partidos políticos a sus legítimas autoridades, tras intervenciones judiciales, la mayoría de ellas desde el año 2020; permitir que quienes quieran aspirar a cargos de elección popular puedan hacerlo sin ninguna traba, entre otros. Con información de elpitazo.net

Enrique Márquez presentó la propuesta Pacto por Venezuela y respaldó el diálogo nacional

El dirigente político Enrique Márquez presentó este jueves el Pacto por Venezuela, propuesta orientada a concertar la reinstitucionalización del país. El plan plantea la renovación de los poderes públicos y reformas electorales profundas.

En rueda de prensa en Caracas, Márquez anunció el comienzo de una campaña de consulta nacional, tanto en modalidad digital como presencial, para someter el documento a la revisión y contribución de todos los sectores de la sociedad.

“El Pacto por Venezuela no es un partido, no es un movimiento, no es nada de eso. Es un documento, es una idea que surge de una necesidad. Un acuerdo que recoge principios y valores, que no excluye a nadie, que no es, y debo decirlo con claridad, ni del gobierno ni de la oposición, tampoco pretende ser de ninguno de los dos. Es un acuerdo que queremos ofrecerle a los venezolanos para los venezolanos”, aseguró el ex preso político.

Indicó que la propuesta no intenta competir con los mecanismos de negociación en curso, sino colaborar con ellos e integrar a la población en la toma de decisiones sobre el futuro institucional del país.

La reconstrucción de Venezuela

En relación con el proceso de reconstrucción nacional, Márquez advirtió que el camino requerirá tiempo debido al deterioro acumulado en las estructuras públicas y productivas durante las últimas décadas: “Este proceso nos llevará tiempo. La reconstrucción de Venezuela llevará tiempo. El daño acumulado es demasiado grande. Están destruidas las instituciones”, manifestó.

Al evaluar los avances registrados en los primeros siete meses de la etapa de transición iniciada tras los acontecimientos del 3 de enero, el dirigente solicitó paciencia a la ciudadanía y subrayó que la responsabilidad primaria de levantar la nación recae de manera exclusiva en los venezolanos, aunque reconoció que no será posible sin el apoyo de Estados Unidos: “Nadie va a reconstruir Venezuela por nosotros, nadie. Pero el apoyo de nuestros aliados será fundamental. Nuestra economía y nuestras instituciones para ser recuperadas necesitan ayuda”.

Los cinco ejes fundamentales para la transformación

La propuesta Pacto por Venezuela estructurada por Márquez se divide en cinco partes fundamentales enfocadas en la transformación integral del Estado venezolano y el fortalecimiento de la sociedad civil, las cuales serán debatidas a través de la plataforma digital del proyecto y en encuentros presenciales en entidades del país.

El primer eje aborda la democracia y la institucionalidad. En esta área, la propuesta exige la conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) caracterizado por la independencia y la idoneidad de sus integrantes, así como la reforma sustancial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley Orgánica de la Magistratura y la Ley Orgánica del Ministerio Público para garantizar la separación real de poderes y poner fin a la impunidad en la administración de justicia.

El segundo apartado establece medidas drásticas para combatir la corrupción y repatriar los capitales sustraídos de la administración pública. Márquez calificó la expoliación de recursos del Estado de una de las más severas de la historia contemporánea, y planteó la cooperación internacional para ubicar y recuperar los fondos desviados hacia el extranjero.

Como tercer pilar, el documento contempla el respeto irrestricto a los derechos civiles y políticos. Esta sección demanda garantías plenas para la libertad de expresión, la libertad de asociación y el restablecimiento del ejercicio pleno de la actividad sindical y gremial mediante elecciones libres en todos los niveles organizativos del país. El dirigente cuestionó la paralización de los procesos electivos en sectores sociales y planteó la celebración de comicios en el corto plazo: “Nosotros queremos que se hagan todas en esta transición en los próximos meses. Que se elijan todos los sindicatos, todos los gremios, todos los consejos comunales, todas las comunas, toda organización. Eso va primero. ¿Para cuándo lo vamos a dejar?”, dijo, subrayando que este paso es prioritario en cronograma de reinstitucionalización.

Segunda vuelta presidencial en Venezuela

El cuarto componente se centra en la reestructuración del sistema electoral y constitucional.

El Pacto por Venezuela plantea la selección de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la eliminación de las inhabilitaciones políticas y la derogación de la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular. Asimismo, la iniciativa propone la incorporación de un sistema de segunda vuelta electoral para las elecciones presidenciales, el restablecimiento de un Parlamento bicameral con la reincorporación del Senado y la garantía de una representación proporcional adecuada para las minorías políticas en los cuerpos legislativos.

Finalmente, el quinto eje desarrolla el ámbito económico y la propiedad privada. La propuesta contempla la devolución de los bienes sustraídos mediante expropiaciones, el respeto estricto a la propiedad individual, la disciplina fiscal y la creación de un marco normativo seguro para la protección de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, asegurando que los compromisos comerciales asumidos durante la transición deben ser respetados por las futuras administraciones.

El rol de Estados Unidos y el proceso de transición tutelado

Durante la presentación, Enrique Márquez dedicó un apartado central a analizar el papel desempeñado por el gobierno de Estados Unidos en la dinámica política venezolana. El dirigente calificó la relación con Washington como una alianza estratégica necesaria para la estabilización y recuperación del país.

Márquez precisó la naturaleza de la intervención internacional en el proceso de cambio político que atraviesa la nación.

“Estamos en un proceso de transición impulsado, pero también tutelado por Estados Unidos”, afirmó el ex rector del CNE, señalando que ambas naciones comparten intereses comunes en la etapa de tres pasos que comprende la estabilización, la recuperación económica y la transición democrática.

A juicio del político venezolano, la supervisión internacional ha permitido reintroducir criterios de transparencia en el manejo de las finanzas públicas y de la industria petrolera, al tiempo que rechazó las críticas sobre una supuesta pérdida de soberanía, argumentando que el verdadero ejercicio soberano comenzó a rescatarse con el inicio de este proceso de transición-

“¿Dónde estaríamos hoy si no hubiera ocurrido lo que ocurrió el 3 de enero?”, expresó.

Respaldo al diálogo nacional

En cuanto a las dinámicas de negociación política, Márquez sostuvo que en Venezuela persiste la necesidad imperiosa del diálogo entre los factores de la vida pública. El dirigente valoró de manera positiva las conversaciones que se desarrollan entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y la directiva legislativa actual, proceso facilitado por la administración estadounidense.

El dirigente expresó confianza en los resultados que pueda arrojar esta mesa de conversaciones encabezada en el sector opositor por la diputada Dinorah Figuera, destacando que este mecanismo de entendimiento debe derivar en la renovación concertada de las instituciones del Estado, como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Márquez ratificó que el Pacto por Venezuela no pretende interferir ni sustituir estas negociaciones, sino servir de insumo amplio para que la ciudadanía tenga participación activa en los acuerdos de gobernabilidad.

“En Venezuela sí hace falta diálogo. Yo espero que este diálogo que está dándose sea bueno para el país y apuesto por él. Esto es parte de la ruta que se ha acordado. Yo sí creo que va a contribuir a la solución, a la reinstitucionalización del país. Reconozco los valores de Dinorah Figuera”, comentó. Con información de elnacional.com

González Urrutia cuestiona deuda del Estado con mujeres víctimas de violencia

Edmundo González Urrutia cuestionó la deuda que mantiene el Estado venezolano con las mujeres víctimas de violencia al referirse concretamente al caso de Linda Loaiza López, quien luego de 25 años todavía reclama justicia.

"Linda Loaiza es un símbolo de la violencia contra las mujeres en Venezuela, pero su historia también es la de una lucha sostenida por justicia", escribió este viernes en su cuenta en X.

Recordó que en su caso se han establecido compromisos que "nunca se cumplieron" y tras 25 años de lucha, "la justicia sigue pendiente".

González Urrutia destacó el compromiso de Linda Loaiza con la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Más allá de su propio caso, dijo, ha mantenido la denuncia de una "violencia que con demasiada frecuencia queda sin respuesta institucional"

López agradeció a González Urrutia y aseguró que su exigencia permanece intacta:  justicia, cumplimiento de las decisiones judiciales y cumplimiento íntegro de la sentencia de la CorteIDH.

"Que la impunidad no gane, que no prevalezca una sociedad de cómplices y que exista una verdadera separación e independencia de poderes. Las víctimas necesitamos justicia y resultados", escribió. Con información de talcualdigital.com