A continuación un resumen de los titulares con sus respectivas informaciones referentes al ámbito político venezolano hoy 14 de julio de 2023
Militares venezolanos juzgados por la justica argentina
El fiscal federal argentino, Carlos Stornelli, imputó a 14 militares venezolanos por haber cometido presuntos crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014, a partir de una denuncia presentada por la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés), tomando en cuenta la jurisprudencia de Argentina en materia de Derechos Humanos.
Venezuela vivió, por varias semanas a inicios del 2014, multitudinarias protestas antigubernamentales que fueron reprimidas con “uso brutal de la fuerza”. Decenas de personas “que no estaban armadas” e incluso “transeúntes”, fueron detenidas y muchas sufrieron “abusos que incluyeron golpizas violentas, descargas eléctricas, quemaduras” y/o fueron obligadas a mantenerse “arrodilladas, sin moverse, por varias horas”, precisa Human Right Watch (HRW).
La causa fue abierta con base en el principio de la jurisdicción universal que, según Naciones Unidas, “confiere competencia a un Estado para juzgar y sancionar al autor de un delito, cualquiera que sea el lugar en el que se cometió y cualquiera que sea la nacionalidad de su autor o víctima”.
Es considerada una de las herramientas “primordiales” para garantizar la prevención de las “graves violaciones” del derecho internacional humanitario o la aplicación de “sanciones penales pertinentes”, en caso de que ocurran, de acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
“De conformidad con los Convenios de Ginebra de 1949, los Estados partes tienen la obligación de buscar a los infractores sospechosos de violaciones graves independientemente de su nacionalidad y del lugar donde tuvo lugar la presunta infracción, y deben hacerlos comparecer ante los propios tribunales o entregarlos a otro Estado parte para que se los juzgue”, precisa el CICR.
Fiscal que abrió la causa
Stornelli es un abogado de 63 años con veinte años al frente de la Fiscalía Nacional en los Criminal y Correccional Federal número 4 de Argentina, que entre el 2007 y el 2010 fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Ha presidido investigaciones judiciales contra la ex mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios de su gobierno, y también se vio involucrado en un escándalo de presunta extorsión.
Militares venezolanos
El diario El Clarín de Argentina publicó los nombres de los catorce efectivos militares investigados, entre ellos un ex gobernador oficialista. Dicha información fue a su vez reseñada por La Voz de América
Mayor General Justo José Noguera Pietri, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014
Hasta el 2021 fue gobernador del estado Bolívar, en el sur de Venezuela. Fue comandante general de la Guardia Nacional entre el 2013 y 2014. Posteriormente pasó a situación de reserva activa (retiro), pero ha ocupado “importantes cargos” en la región de Guayana, precisa la Asociación Civil Control Ciudadano, dedicada a la contraloría de sectores de la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá lo han sancionado por ser presuntamente responsable del “deterioro de la situación en Venezuela” y por ser considerado “de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
General de Brigada Arquímedes Herrera Ruso, comandante de la región N* 2 de Carabobo en 2014
Ha ocupado diversos cargos, entre ellos el de secretario de Seguridad del estado Carabobo. Según el portal Poderopedia, estuvo al frente de los militares que “atacaron” a la población civil que protestaba entre febrero y mayo del 2014 en la ciudad de Valencia.
General de División José Dionisio Goncalves Mendoza, comandante de la Guardia del Pueblo en 2014
Coronel Ephraín Verdú Torrelles, segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana de Tocuyito, estado Carabobo en 2014
Teniente coronel Frank Alonzo Osuna Díaz, comandante del Destacamento N*24 de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014
Teniente Luis Amaya Chirino
Sargento segundo José Urdaneta Urdaneta
Sargento segundo Jhonny Mallarino Miranda
Sargento segundo Luis Reyes González
Sargento segundo Jorvy Pennaloza Ramírez
Sargento segundo Roger Alejo Durán
Sargento primero Johan Ramírez Hernández
Plataforma Unitaria se propone convertir las primarias en un gran reencuentro
La oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria se propone convertir las elecciones primarias del próximo 22 de octubre, en las que se elegirá un candidato que enfrente al oficialismo en las presidenciales de 2024, en un "gran reencuentro" de toda la nación, afirmó este viernes 14 de julio la alianza democrática
Carmen Martínez de Grijalva, miembro de la organizadora Comisión Nacional de Primaria (CNP), aseguró que están animando a los ciudadanos "dentro y fuera del país" para que el 22 de octubre sea "el gran reencuentro de toda Venezuela", según una nota de prensa de la plataforma.
A su juicio, es necesario vencer, definitivamente, el miedo, y votar con ganas y con pasión para salir del proceso con más inspiración y con muchísimo más valor.
Las inhabilitaciones políticas obstaculizan el camino hacia unas elecciones auténticas y democráticas
Las inhabilitaciones a los líderes políticos de oposición al gobierno de Nicolás Maduro ha sido un patrón de persecución ejercido
desde al menos el año 2002, con la finalidad de acabar con el pluralismo político en Venezuela y a través de elecciones carentes de autenticidad mantenerse indefinidamente en el poder. Ahora bien, la forma en la que se han llevado a cabo las inhabilitaciones políticas no solo constituye un patrón de persecución por parte del gobierno de Nicolás Maduro porque se trata de un evidente acto arbitrario que, como hemos mencionado, busca acabar con el pluralismo político y crear un escenario electoral que permita la permanencia indefinida en el poder, sino que además se lleva a cabo a través de procedimientos que son violatorios a los derechos humanos.
Las inhabilitaciones políticas son un patrón de persecución
El gobierno de Nicolás Maduro a través del uso indebido del poder del Estado y el control de las instituciones, como ha sido el de la Contraloría General de la República, ha utilizado de forma sistemática la figura de las inhabilitaciones políticas, en muchas ocasiones incluso inhabilitaciones express, es decir, luego de que el organismo electoral hubiera admitido formalmente la inscripción del candidato; para impedir la participación en los procesos electorales de los principales líderes políticos de la oposición y de esta manera crear un escenario electoral a su medida. Tal es así, que se estima que más de 1.000 líderes políticos han sido inhabilitados en los últimos 20 años Aún más, al patrón de las inhabilitaciones políticas, se suman otros patrones de persecución contra líderes políticos, los cuales desde Cepaz hemos documentado ampliamente desde al menos el año 2014. Entre ellos, las detenciones arbitrarias, apertura de procedimientos judiciales, destitución de cargos públicos, allanamientos irregulares a sus viviendas, allanamientos de la inmunidad parlamentaria, amenazas, hostigamientos, violencia, e incluso ataques contra los familiares del liderazgo opositor. Los ataques sistemáticos contra el liderazgo político de oposición, incluyendo las inhabilitaciones políticas, constituyen una violación al ejercicio de los derechos políticos de las víctimas directas, que mediante actos arbitrarios son impedidos de participar en los asuntos políticos y públicos del país y a ser elegidos mediante elecciones periódicas y auténticas, pero también los derechos de la población que no puede votar libremente por el liderazgo por cual se sientan representados.
Un acto administrativo no puede suprimir el derecho a ser electo para cargos de elección popular
La normativa venezolana contempla las inhabilitaciones políticas a los cargos de elección popular como una pena accesoria, es decir, que la misma es consecuencia de una principal que debe derivarse de una sentencia firme, dictada por un tribunal.
Lo anterior se traduce en la imposibilidad de que un órgano como la Contraloría General de la República pueda con una decisión administrativa inhabilitar a un ciudadano de ejercer el derecho a ser elegido a cargos de representación popular, ya que no tiene la competencia para tomar este tipo de decisiones, pues como lo hemos mencionado, estas decisiones recaen sobre un tribunal. Aún más, el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido es un derecho humano, así como también lo son las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa en un proceso judicial, incluyendo aquel que deriva a una inhabilitación política. Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce las limitaciones a los derechos políticos que se encuentren fundadas en una condena dictada por un juez competente que imponga al condenado la pena accesoria de inhabilitación política. Esto reafirma la imposibilidad de que un órgano distinto a un tribunal con autonomía, independencia y con competencia pueda inhabilitar políticamente a un ciudadano. En definitiva, las inhabilitaciones políticas no solo representan un patrón sistemático de persecución política, sino que además se llevan a cabo bajo procedimientos que vulneran la Constitución Nacional y las convenciones y pactos internacionales en materia de derechos humanos.
Candidatos impuestos y voces silenciadas
Estas acciones nos acercan a un escenario 2024 muy complejo. La agudización en el ejercicio, por parte del gobierno, de los patrones de persecución y criminalización política, incluyendo las inhabilitaciones políticas, están dirigidos a crear una oposición a la medida del gobierno de Nicolás Maduro de cara a las elecciones presidenciales del año 2024, de modo de asegurar una victoria que le permita mantenerse en el poder por un nuevo periodo. Desde el Centro de Justicia y Paz, Cepaz, hemos condenado de manera reiterada los ataques sistemáticos y violatorios de los derechos humanos de los cuales son víctimas los actores políticos y demás personas y organizaciones que han sido consideradas enemigos al gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, hemos documentado y denunciado cómo en los contextos pre electorales estos patrones se agudizan. La reciente inhabilitación de la candidata de oposición en representación del partido político Vente Venezuela, María Corina Machado y las maniobras en torno a una posible suspensión de las elecciones primarias de oposición son ejemplos claros de ello. Nos preocupan los ataques contra las instituciones democráticas y los obstáculos que nos alejan de la posibilidad de unas elecciones auténticas y transparentes en el país. En el año 2021 la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea emitió 23 recomendaciones en el que se incluye “suprimir la prerrogativa del Contralor General de despojar a los ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que negativamente impactos en el derecho a la defensa”. Insistimos, un escenario electoral robusto de garantías requiere cumplir con estas y otras recomendaciones emanadas de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, así como con las convenciones y pactos internacionales en materia de derechos humanos.
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